Ciudad de México. En los dos años de la actual administración federal, 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con actos de corrupción.

Así lo informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, durante la conferencia en Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al presentar el informe de su sector, la funcionaria detalló que las acciones de prevención permitieron proteger cerca de 84 mil millones de pesos.

En materia de sanciones, indicó que durante estos dos años fueron sancionados administrativamente 4 mil 193 servidores públicos: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves.

Entre las principales faltas detectadas están autorizar pagos indebidos, sustraer información bajo su responsabilidad, autorizar pagos por bienes o servicios no entregados, realizar compras injustificadas, falsificar documentos y cometer hostigamiento o acoso sexual.

Asimismo, mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); de ellos, 87 ya fueron notificados de una sanción y mil 650 casos continúan en proceso.

Respecto a particulares, Buenrostro informó que 286 personas morales fueron sancionadas: 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras 64 recibieron únicamente multas. Los procedimientos generaron 147.3 millones de pesos en multas.

Las principales faltas de particulares incluyen presentar documentación falsa, incumplir contratos, simular experiencia técnica o capacidad económica y ocultar conflictos de interés.

Además, se impusieron 118.5 millones de pesos en multas por infracciones cometidas por particulares que poseen datos personales, con 51 sancionados.

"Algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República", señaló.

En este periodo se presentaron 517 denuncias contra servidores públicos y 53 fueron vinculados a proceso. Los delitos más detectados son enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.

Buenrostro afirmó que las acciones de prevención permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos: 29 mil millones por mejores procesos de compra, 42.2 mil millones por seguimiento a contratos, 4.8 mil millones por sanciones y 7.8 mil millones por eficiencia en la organización gubernamental.