Madrid. La acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre para denunciar el encarecimiento de la vivienda y los desahucios de personas vulnerables fue desmantelada durante la madrugada mediante un operativo en el que participaron más de 400 agentes policiales, en cumplimiento de una orden de la Delegación del Gobierno en Madrid, dependiente del Ministerio del Interior español.

Los manifestantes denunciaron en sus redes sociales que durante el desalojo y la destrucción del asentamiento hubo "violencia policial" y se utilizó "gas pimienta". También se informó de dos personas detenidas, acusadas de resistencia a la autoridad.

Centenares de personas, en su mayoría jóvenes vinculados al Sindicato de Inquilinas y a plataformas contra los desahucios, iniciaron la acampada en la Puerta del Sol a finales de septiembre, en protesta por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 83 años que fue expulsada de la vivienda donde había vivido durante siete décadas bajo un régimen de alquiler.

Maricarmen, como era conocida popularmente, fue trasladada en una camilla de ambulancia al hospital madrileño Gregorio Marañón, debido a un cuadro de estrés y ansiedad. Permaneció ingresada hasta su fallecimiento, el 7 de octubre, once días después del desahucio y sin haber podido cumplir su deseo de terminar sus días en su casa.

Tras su muerte, el movimiento ciudadano contra la especulación inmobiliaria, los fondos de inversión y los desahucios cobró fuerza en distintas partes de España, con acampadas en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla, además de manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.

El asentamiento de la Puerta del Sol se convirtió en uno de los principales símbolos de la movilización. Desde ese lugar, los manifestantes convocaron a una huelga general para el próximo 11 de noviembre, con tres demandas principales: reducir los alquileres en 50 por ciento, retirar del mercado inmobiliario a los llamados "fondos buitre" y detener los desahucios de personas vulnerables.

Durante los últimos días, la acampada comenzó a reducirse. Los primeros en levantar sus tiendas fueron representantes del Sindicato de Inquilinas, quienes explicaron que concentrarían sus esfuerzos en la organización de la huelga general. Sin embargo, en la plaza permanecían más de 300 personas, entre ellas personas sin hogar que se habían sumado a la protesta.

El desmantelamiento fue ejecutado mediante un operativo integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, además de unidades de Bomberos, servicios sanitarios de emergencia, Servicios Sociales y personal de limpieza municipal.

Durante la intervención fueron retiradas 150 casas de campaña, así como diversos objetos utilizados por los manifestantes, entre ellos platos, ollas, cubiertos, mantas, mesas y sillas.

A través de su cuenta oficial, los integrantes de la acampada denunciaron que el desalojo se realizó de madrugada mediante una intervención policial violenta, en la que presuntamente hubo golpes y uso de gas pimienta. También señalaron la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Por su parte, la Delegación del Gobierno, encabezada por Pilar Trinidad, rechazó las acusaciones y aseguró mediante un comunicado que "el desalojo se ha desarrollado sin violencia".

La institución explicó que inicialmente protegió el derecho fundamental de reunión debido a la finalidad reivindicativa de la protesta; sin embargo, argumentó que ese derecho no es ilimitado y que, después de más de un mes, constató un cambio en las circunstancias y la naturaleza de la acampada.