Diagnóstico reservado.

El Paquete Económico para el próximo ejercicio fiscal se vislumbra como el punto de inflexión definitivo para el sector salud en México. Tras años de promesas estructurales, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se enfrenta a una realidad ineludible: las necesidades de la población crecen a un ritmo acelerado debido al envejecimiento demográfico y al aumento de enfermedades crónico-degenerativas, mientras que los recursos financieros siguen atrapados en un diseño institucional obsoleto 

El gran lastre de la salud pública en nuestro país sigue siendo la fragmentación del sistema. México no tiene un solo sistema de salud, sino un archipiélago de subsistemas que operan bajo reglas, costos y estándares de calidad completamente distintos. Esta división perpetúa una ciudadanía de primera, de segunda y de tercera clase. Si tienes un empleo formal, accedes a una red de seguridad; si estás en el sector informal, dependes de la infraestructura estatal disponible, muchas veces saturada y desabastecida. La fragmentación se traduce en ineficiencia administrativa, duplicidad de funciones y una alarmante inequidad en la atención. Dentro de este mapa repartido, la mayor parte del presupuesto históricamente se la llevan las instituciones de seguridad social contributiva, con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la cabeza, seguido por el ISSSTE. Esta distribución genera una paradoja perversa: las instituciones que atienden a la población con empleo formal reciben un financiamiento significativamente mayor por habitante en comparación con los fondos destinados a las personas sin seguridad social laboral. ¿En qué se gasta verdaderamente el dinero de la salud en México? Contrario a lo que dictaría una política sanitaria inteligente centrada en la prevención, el gasto se diluye mayoritariamente en dos rubros: el pago de nóminas (servicios personales) y la atención de enfermedades en etapas avanzadas. El gasto corriente absorbe la mayor parte del flujo de efectivo, dejando un margen raquítico para la inversión en infraestructura, mantenimiento de equipos y desarrollo tecnológico. Al descuidar el primer nivel de atención —las clínicas comunitarias donde se deberían prevenir y controlar padecimientos como la diabetes y la hipertensión—, el sistema condena a sus hospitales de especialidad a un colapso financiero y operativo crónico. En este complejo escenario, el inicio de la universalización de los servicios de salud se presenta como una reforma tan noble en el papel como peligrosa en su ejecución presupuestaria. Intentar homologar y unificar la atención médica en un sistema fragmentado e infofinanciado generará un impacto de choque inmediato. Si el nuevo presupuesto no contempla un incremento histórico y real en el gasto público en salud (para acercarnos al sugerido 6% del PIB internacional), la universalización corre el riesgo de convertirse en un derecho puramente retórico.

La apertura de servicios sin un respaldo financiero sólido provocará una saturación masiva de los hospitales, incrementará los tiempos de espera y agudizará el desabasto de medicamentos. Además, forzará a la consolidación de un fenómeno silencioso pero devastador: el aumento del gasto de bolsillo de las familias mexicanas, quienes terminarán pagando de su propio dinero consultas y fármacos en el sector privado ante la incapacidad de respuesta del sector público. El próximo Presupuesto de Egresos no puede ser una simple inercia del año anterior. Financiar la universalización exige desmantelar los feudos de la fragmentación, reorientar el dinero hacia la medicina preventiva y garantizar que los recursos sigan al paciente, no a la condición laboral de su familia. De lo contrario, seguiremos firmando recetas para un sistema de salud que ya se encuentra en terapia intensiva.

Dr. César Álvarez Pacheco 

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@cesar_alvarezp 

Huatabampo, Sonora