Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió citar a comparecer ante su juzgado a las dos hijas del ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, sospechosas de haber incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias y en el marco del mismo proceso penal abierto en contra del líder socialista.

El motivo de la imputación de Laura y Alba Rodríguez Espinosa es porque son las dueñas y administradoras de la empresa Whathefav S. L., que el magistrado sitúa en el centro de la trama corrupta que investiga en torno al rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una inyección de fondos de 53 millones de euros en 2021 por parte del gobierno español actual, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y previa supuesta intermediación de Zapatero.

Después de la declaración del pasado miércoles ante la Audiencia Nacional del propio Zapatero, que se declaró “completamente inocente” de los seis delitos que le imputan, que son tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contrabando, el juez adoptó una nueva medida en torno al caso. Y fue la apertura de un proceso de investigación contra Laura y Alba Rodríguez por ser las administradores de la empresa supuestamente “instrumental” para el cobro de comisiones ilegales, y contra la secretaria Gertrudis Alcázar, a la que el juez señala como parte “fundamental” de la trama.

En el auto, el juez Calama advierte que “la investigación atribuye a dicha sociedad (Whathefav) un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad”.

Además explica que en el caso de la secretaria, destacan varias comunicaciones con el supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, en las que Alcázar pide instrucciones para la confección de facturas falsas que habrían servido para que Zapatero pudiera ocultar el cobro de los presuntos sobornos.

Para el juez, desde esta perspectiva, la citación en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez Espinosa constituye la única vía compatible con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución española. “Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables”.

El presidente Pedro Sánchez reiteró su “respaldo” y “confianza” al ex presidente Zapatero, tanto suyo como del resto del PSOE, al asegurar que Zapatero “proclamó su inocencia”, “pidió confianza” y “manifestó el respeto a la acción de la justicia”. Y añadió que “cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista español y la tiene por parte de la familia socialdemócrata”, que “confiamos en su inocencia”, que “respetamos la labor de la justicia” y que, lógicamente, “empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia”, en alusión a la imputación de sus hijas.

Sánchez también confirmó que ha mantenido el contacto directo con Zapatero en los últimos días, a raíz de la investigación judicial en su contra, que supuso el registro de su oficina profesional y la apertura de la caja fuerte que tenía ahí, en donde aparecieron joyas ocultas por valor de más de un millón 300 mil euros.